Bajo los techos de cristal

Por Alejandra Castillo Urízar

Alrededor del mundo persiste uno de los problemas públicos que, hasta el momento, ha tenido muy pocos avances, tanto en materia de políticas públicas como en el abordaje de la problemática en la práctica. Basado, en su mayoría, en un modelo capitalista y sutilmente patriarcal, la desigualdad de género ha sido una de las principales causas de retrasos en el desarrollo de los países en la región de América Latina y el Caribe. Se ha hecho visible en la falta de garantías de salud, educación, participación social, política y económica. En este caso, la preocupación principal gira en torno al ámbito económico.

“Es un reto grande, pero es muy importante porque al hablar de empoderar a las mujeres económicamente, hacemos referencia a cuestiones transversales, por ejemplo, la participación política de muchas, que se ha visto limitada por la falta de recursos económicos”[1].

Actualmente, las mujeres representan un 51.5% de la población total de Guatemala, significando que, según el Censo de Población y Vivienda (2018), son 7,678,190 mujeres en el país. De este porcentaje, 17.2% son cabeza de hogar, encargadas de mantener económicamente a sus familias, con una responsabilidad de velar por su bienestar2.

Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de estas 7,678,190 mujeres en el sector económico?

La participación de la población económicamente activa (PEA) está conformada por un 66.59% de hombres y solamente el 33.41% corresponde a las mujeres. Muchas opiniones irán enfocadas a la falta de voluntad de las mujeres por querer participar en el sector económico, pero en realidad, se trata de una violencia económica que viene acompañada de diversos factores.

Primeramente, el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala (ENEI) muestra que el salario de las mujeres representa un 78% del salario promedio de los hombres[2]. La desigualdad de ingresos se verá sumamente relacionada con la discriminación laboral que incide en la limitación de colocar a mujeres en puestos de gerencia empresarial. Pensamientos de mujeres como madres, cabezas de hogar o esposas son las excusas más comunes para justificar la subordinación de estas a asistentes, secretarias o “subjefes”.

Las empresas deben estar pensadas en ser un reflejo de la sociedad en la que quieren comercializar. Desde el punto vista de mercadeo, las estrategias deben de ir enfocadas a representar a su público objetivo para poder ofrecer productos y servicios que entiendan y cubran las necesidades del consumidor, tanto hombres como mujeres.

Se ha demostrado que las empresas diversas e inclusivas suelen ser mucho más innovadoras, impulsando un crecimiento integral. Entre más mujeres haya en las juntas directivas de las empresas, existe una posibilidad de que se obtengan mejores resultados financieros y niveles más altos de filantropía corporativa. Hasta el momento, en América Latina, las mujeres representan solamente el 4.2% de los puestos de directores ejecutivos entre las 1,269 empresas que cotizan la bolsa. Las juntas directivas suelen estar compuestas exclusivamente por hombres y solo un 8.5% con mujeres como miembros. El involucramiento de las mujeres en las empresas y negocios propios, podría sumar hasta 28 billones de dólares a la economía mundial para el 2025, según un estudio realizado por Harvard Business Review[3].

Un 39% de las mujeres en el mercado laboral se encuentran dentro del trabajo informal, siendo privadas del acceso a un seguro social. Casi el 7.2% (169,000) de las mujeres, en su mayoría indígenas, trabajan como empleadas domésticas y tampoco cuentan con leyes que respalden su derecho específico a salario mínimo, seguro social y creación de condiciones laborales dignas2. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente del porcentaje (17.2%) de mujeres que son responsables de velar por la economía de sus familias, al igualar las condiciones de trabajo de las mujeres, se mejoraría el índice de competitividad del país y la calidad de vida de estas mismas y sus dependientes[4].

En cuanto al desempleo, existe un rango diferencial de 2.2% entre mujeres (4.6%) y hombres (2.4%). Esto se refleja en una cadena de causa y efecto, al ser una de las mayores razones por las que las mujeres suelen ser las menos capacitadas para obtener un crédito o préstamo bancario. Carlos Melo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que existe una urgencia por generar oportunidades y facilidades al acceso de financiamiento, de parte de los sectores público y privado, debido a que las mujeres son las personas que se encuentran con mayores obstáculos para acceder a los servicios financieros3.

En un artículo publicado por el Diario de Centroamérica (2019), se presentó que, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) de los créditos autorizados a personas individuales al 31 de diciembre de 2018, solamente el 41% fueron otorgados a mujeres, significando en correlación que, de cada 10 préstamos, solamente 4 fueron destinados a la población femenina. Esta cifra no ha variado desde el año 2011. En cuanto a préstamos específicamente, el 36% del saldo total otorgado, fue para la población femenina. Se encontró que la tasa de interés activa promedio suele estar desbalanceada en cuanto a género, para las mujeres es ponderada con un 21% y para los hombres un 19.2%3.

Asimismo, la cantidad de trabajo no remunerado que las mujeres hacen diariamente, limita las posibilidades de una capacitación especializada pagada, la capacidad de estructurar un proyecto de emprendimiento sostenible y atractivo para los bancos y su autonomía económica.

En los años más recientes, la mujer ha ganado más fuerza dentro de la sociedad, queriendo ocupar puestos de toma de decisión y dirigiendo espacios, creando emprendimientos y procesos productivos dentro de la sociedad. Es por ello, que el Estado debe de buscar herramientas que puedan ofrecer condiciones que garanticen su participación en el desarrollo económico del país. En términos normativos, no se cuenta con el respaldo del gobierno, con una ley que favorezca el desarrollo económico de las mujeres, privando su acceso a un beneficio estatal o social para generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida[5].

El reciente cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM, complica el ejercicio y los esfuerzos de crear políticas públicas enfocadas en la promoción del desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, debido a que esta era la responsable de asesorar y coordinar dichas políticas públicas de manera intersectorial. Es necesario visibilizar la urgencia de una política pública que respalde la garantía de las mujeres para condiciones económicas viables en su situación.

Por otro lado, las instituciones encargadas de velar por el desarrollo sostenible y crecimiento económico inclusivo suelen ser débiles. Se han presentado iniciativas legislativas con enfoque de género y estas suelen ser ignoradas o estancadas en el primer proceso de aprobación. Durante el año 2018, se presentó una iniciativa de ley para abordar el desarrollo económico de las mujeres, desde la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y la Comisión de la Mujer. Lamentablemente estas dos comisiones no han logrado llegar a un consenso para dar un dictamen favorable de parte de ambas.

Con las olas de feminismo y la globalización, la configuración del Sistema Internacional ha ido evolucionando y con ello, los países también. Guatemala, al ser un país aún en vías de desarrollo, debe de abordar el problema público de igualdad de género para contar con herramientas que permita que el país sea un actor competitivo y clave, al menos en la región de América Latina. No se puede avanzar en el desarrollo del país, si primero no se rompen aquellos techos de cristal que parecieran ser invisibles para aquellos que no enfrentan los obstáculos de crecimiento económico personal y a la vez, colectivo.

«El empoderamiento de la mujer es necesario, es un reto grande para ocupar espacios, por lo que se debe  enseñar a las mujeres desde niñas a que luchen para tener su independencia económica, (…) las mujeres guatemaltecas no están solas por lo que debemos unirnos y ser valientes»[6].

Descripción biográfica

Internacionalista, apasionada por el cambio. Me mueve la historia, la política, el debate y el realismo mágico. Determinada a trabajar por los sueños de las niñas que han sido limitados por la falta de oportunidades. Deconstruyendo estereotipos adquiridos desde experiencias personales y profesionales. Consultora en diplomacia y cooperación internacional, profesora de historia y coordinadora de proyectos enfocados a la higiene menstrual de la niñas y mujeres. 


[1] Andrea Villagrán, diputada reelecta 2020-2024 y parte de la Comisión de la Mujer (La Cuerda, 2020).

[2] ONU Mujeres (2020) Guatemala. ONU Mujeres. América Latina y el Caribe.

[3] Faieta, J. (2018) Más mujeres en puestos de decisión en las empresas: ganancias para todos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

[4] Jiguan, B. (2019) Las mujeres obtienen 4 de cada 10 créditos otorgados por los bancos. Diario de Centroamérica.

[5] El Digital. (2020) Iniciativa Ley de Desarrollo Económico de las mujeres #5452. Periódico El Digital. Guatemala.

[6] Diputada Merana Oliva, presidenta de la Comisión de la Mujer (Herrera, 2020)

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