Endeudamiento externo, el costo de la pandemia del COVID-19 en la integración centroamericana

Por Ana Reiche

Tiempo de lectura: 5 minutos

     El impacto de la pandemia del COVID-19 en Centroamérica ha generado un bajo desempeño económico, aumentando de esta forma, los niveles de deuda externa, generando una gran brecha fiscal inhábil de crear e implementar nuevos proyectos de inversión en un escenario futuro, el cual es uno de los mayores retos a los que enfrentan los gobiernos de la región en conjunto con el aumento de la depreciación cambiaria, formando un desplazamiento del gasto en inversión pública, además, de que la actual deuda pública de la región es de un 15.6% del producto interno bruto (PIB), en donde el cociente de deuda a PIB podría aumentar en promedio, al menos, entre 4.7% y 7.6% para finales de año, que puede conllevar a mermar la capacidad de pago de los países centroamericanos por el endeudamiento de los gobiernos.

     La pandemia ha aumentado aún más la pobreza, el desempleo y las grandes brechas de desigualdad. En donde entre una de las consecuencias a largo plazo se encuentra la desaceleración económica que afecta tanto a los ingresos como el desempleo, particularmente de la población que ya se encuentra en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad, con lo cual se espera que la región también se vea afectada con una desaceleración económica negativa de un -1,8%.

    Además, según datos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el crecimiento económico de Centroamérica pasaría de un 3.9% proyectado en octubre de 2019 a una recesión económica de -3.7% para finales de este año. Cabe resaltar que, actualmente en la región, Guatemala según datos del informe sectorial de la Calificadora de Riesgo SC Riesgo y del BCIE, de Q70 mil millones de endeudamiento externo en el 2019 pasó a un monto de Q174, 850.2 millones con el impacto de la pandemia actual, además de que el Congreso aprobó dos préstamos al Ejecutivo. El primero de US$200 millones con el financiamiento del Banco Mundial (BM), el cual se encontraba inicialmente programado para políticas de gestión de desastres naturales.

     El segundo préstamo por US$250 millones dirigido a aumentar el presupuesto del país con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además, de que también se aprobó una ampliación presupuestaria por US$1,5 mil millones, conocida como Ley de Rescate Económico, financiada con la colación de bonos, todos estos recursos, destinados al apoyo de la economía familiar por el impacto del coronavirus.

     Por otra parte, El Salvador de US$9.215,35 millones en el 2019 pasó a un endeudamiento externo de US$10,420.68 millones en lo que va del año, Honduras pasó de US$9,515.6 millones del 2019 a acumular US$10,795.9 millones, país en el que su gobierno aprobó un préstamo de US$26.0 millones dirigido a aumentar el presupuesto del sector salud, además, de que la SEFIN gestionó fondos externos por US$130.0 millones dirigidos para disminuir los efectos de la pandemia. En cuanto al endeudamiento de Nicaragua pasó de US$5,949.6 millones en el 2019 a US$11,661 millones, Belice pasó de US$1.178 millones en el 2019 reduciéndose un poco a US$1,100 millones, mientras que Costa Rica pasó de US$36,993.80 millones en el 2019 a un endeudamiento de US$39,365.27 millones, país en el cual el FMI aprobó un crédito de desembolso rápido por US$508.0 millones, dirigido al Gobierno Central, e inclusive, US$1,500 millones destinados a créditos para capital de trabajo o reapertura de negocios.

     De igual forma, tanto Costa Rica como El Salvador han sobrepasado el 70% de su relación de deuda pública al PIB, en donde el 70% de los fondos del préstamo de los US$2,000 millones son destinados para atender la emergencia sanitaria y el 30% a municipalidades para el combate a la pandemia. Por lo anterior, es posible decir que la deuda de Costa Rica y El Salvador se encuentran muy por encima de los restantes países de la región, según datos obtenidos de los Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo del Banco Mundial (BM).

     Panamá también se encuentra entre uno de los países a quienes se les otorgaron prestamos para enfrentar la crisis de la pandemia, en donde US$2,500 millones fueron obtenidos mediante colocación de bonos de deuda, el cual se vence en el año 2056 con una tasa de interés del 4.5%, otro préstamo de US$41.0 millones otorgado por el BM y uno de US$1,000 millones más, quién aumentó su deuda en un 24%. Además, de que, según datos obtenidos de Forbes Centroamérica, Panamá mantiene 16 bonos soberanos en el mercado internacional, 15 de estos en dólares y un bono Samurai en yenes, que suman una deuda de US$18,859 millones, esto son US$4,104 millones más en un año, de los cuales US$2,472 millones (60%) fueron post covid-19, quien fue el primer país en hacer un préstamo para la crisis sanitaria.

     La región centroamericana es una de las más endeudadas en la arena global, por lo cual, los gobiernos, organismos internacionales de desarrollo, y las agencias de calificación de riesgo, deberán ser flexibles al momento de evaluar los análisis de estabilidad macroeconómica y los requerimientos de apoyo futuros hacía la región. Inclusive, los gobiernos también deberán ser conscientes del pago de la deuda externa a los bancos y Estados prestamistas, para no continuar endeudando aún más a la región, para poder invertir en proyectos que beneficien a la población a largo plazo, sin embargo, los gobiernos no son del todo transparentes, por lo que también es necesario que se fiscalicen los préstamos y estos se distribuyan de una forma eficiente hacía las primordiales necesidades de cada uno de los países.

     Paralelamente, el costo de no utilizar adecuadamente el endeudamiento será demasiado alto, no solo para las actuales generaciones sino también para las futuras. Además, de que la región también se verá afectada negativamente por un descenso inicial más pronunciado y una recuperación más prolongada e incompleta. Por lo cual, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) creó e implementó un Plan de Contingencia Regional por más de US$1,900 millones, el cual se encuentra integrado por cinco ejes: 1) Salud y Gestión de Riesgo, 2) Comercio y Finanzas, 3) Seguridad, Justicia y Migración, 4) Comunicación Estratégica y 5) Gestión de Cooperación Internacional.

    Asimismo, como parte del plan, se llevó a cabo el Estudio de Impacto Económico ante la pandemia del COVID-19, sin embargo, es necesario que las estrategias para hacerle frente a la pandemia sean a largo plazo, por el impacto de esta pandemia tanto en ámbitos económicos, como sociales, políticos, de salud, culturales, etc. Entonces, cabe preguntarse ¿Cuál ha sido la respuesta de los Estados ante el endeudamiento externo y costos que representa la pandemia?

      Los Estados de la región han creado e implementado distintas medidas y políticas para hacerle frente a la pandemia, como bonos de ingreso básico y alimentos de emergencia a toda la población en situación de pobreza y pobreza extrema como el Fondo de Emergencia financiado por el BCIE por US$8 millones, la ampliación de plazos y periodos de pagos en los créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

     Es importante, por ende, avanzar hacia la elaboración, debate e implementación de estrategias no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, en donde la sociedad civil debe participar adecuadamente en el proceso del desarrollo de estas estrategias, como en el fortalecimiento del compromiso de la descentralización de la administración pública, los servicios públicos y otras estructuras internas.

     Este enfoque se consolidará y estructurará en torno a la participación integral en el diseño e implementación de políticas ciudadanas de la sociedad civil, el cual es clave en el contexto del modelo integrador, sin embargo, este tipo de sistemas de integración regional son generalmente observados con desinterés por la sociedad civil, agregando que los líderes políticos preferirían cambios más graduales, en tanto que otros condenan demagógicamente la nueva agenda política sin ofrecer alternativas realistas.

     Por lo anterior, el carácter de las problemáticas que aquejan a la sociedad civil en Centroamérica que deberán afrontar durante los próximos diez a veinte años no solo como consecuencia de la pandemia, sino de igual forma, de los distintos retos que han venido aquejando a la sociedad, no exige un enfoque menos ambicioso que este, debido a que una sociedad donde no se motiva o se obstaculiza la participación ciudadana es una sociedad expuesta a que cualquier acontecimiento inesperado produzca la vulneración y violación de los derechos y un retroceso en el desarrollo político y social.

     Entre uno de los objetivos a largo plazo del SICA, se encuentra el reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplié la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional. Entonces, es posible decir que lo que se necesita a largo plazo, por tanto, son mecanismos institucionales eficientes en donde exista la participación ciudadana y gobernabilidad local, los cuales deben ser la tendencia en los siguientes años.

Libros y obras de referencia

BCIE. (2020). Impacto económico del COVID-19: Un análisis para Centroamérica, Argentina, Colombia y México.

Esquipulas, F. (2019). Centroamérica en el 2040: una visión prospectiva.

Europea, C. (2003). La integración centroamericana. Realidad y perspectivas. El proceso de integración centroamericano y el papel de la Unión Europea.

FLACSO. (2001). Centroamérica 2020: hacia un nuevo modelo de desarrollo regional. [121].

Flores, F. (2020). Coronavirus en Centroamérica: deuda pública y déficit fiscal. Informe sectorial. Calificadora de Riesgo. SC Riesgo.

Manzano, O., Rivera , L., Ruiz, M., & Trejo , A. (2019). El futuro de Centroamerica: Retos para un Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Medios en línea y literatura gris

Mundial, B. (2020). Deuda externa – Centroamérica. Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo. Consultado el 20 de octubre de 2020. https://bit.ly/35kOx5Y

SICA. (2020). SICA pone en marcha el Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus por más de US$1,900 millones. Consultado el 20 de octubre de 2020. https://bit.ly/2ZUVJ6Y

Descripción biográfica

Mi nombre es Ana Reiche, soy una estudiante guatemalteca de 23 años del último semestre de Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me apasionan los idiomas, la literatura, poesía, cultura, los temas de la integración centroamericana, la igualdad de género, la política internacional, el desarrollo y el crear espacios para las juventudes, construcción y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. Soy creyente en que, en cada uno de nosotros hay una semilla de cambio, para las generaciones actuales y futuras, debemos ser el cambio que queremos ver.

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