Entre el adultocentrismo y la carencia de políticas públicas a favor de la participación de niñas y adolescentes. 

¿Qué significa ser niña o adolescente afrodescendiente, indígena, de zona rural, en situación de pobreza o con discapacidad en Centroamérica y la República Dominicana? No hay una sola respuesta, pero algo sí es claro: las desigualdades estructurales atraviesan nuestras vidas desde edades tempranas. 

Las condiciones en las que nacemos —como el territorio, el color de piel, las creencias o el nivel socioeconómico— influyen directamente en nuestras oportunidades. Sin embargo, el género continúa siendo uno de los factores determinantes en las vulnerabilidades que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas Gender Snapshot 2025, ONU Mujeres. 

En contextos como estos, garantizar el derecho a la participación es fundamental. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por todos los países de la región, establece que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afectan y a que esta sea tomada en cuenta. 

A pesar de este marco normativo y acuerdos internacionales, los espacios de participación para niñas y adolescentes garantizados por nuestros Estados siguen siendo limitados. Esta exclusión es aún más evidente en ámbitos de formulación de políticas públicas y espacios de toma de decisiones, donde persisten amplias brechas de representación de estos grupos poblacionales. 

Esto plantea una pregunta clave: ¿podemos hablar de democracia cuando las voces de los grupos más vulnerables son sistemáticamente ignoradas? Aunque las niñas y adolescentes albergan más de 51 millones en América Latina entre 10 y 19 años, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el Marco para América Latina y el Caribe 2025-2030, (una parte significativa de la población) su participación sigue siendo insuficiente. Esta realidad evidencia que la desigualdad de género continúa siendo un obstáculo elemental. 

La participación significativa implica garantizar que adolescentes y jóvenes puedan expresar sus opiniones libremente, contar con espacios seguros e influyentes, y ser escuchados por personas con capacidad de decisión. Además, sus aportes deben ser considerados seriamente e integrados en políticas y acciones concretas. 

Si bien en los últimos años se han registrado avances en la región, estos no han sido suficientes. Garantizar la participación de niñas y adolescentes requiere un enfoque estructural que involucra a las familias, las comunidades, el sistema educativo y políticas públicas. 

El hogar, como primer espacio de socialización, refleja muchas de estas limitaciones. En la cultura dominicana, expresiones como “los y las niñas hablan cuando las gallinas mean” evidencian prácticas que históricamente han silenciado nuestras voces. Esta lógica no es exclusiva de la República Dominicana; se reproduce en distintos países de Centroamérica, donde las decisiones suelen ser tomadas por personas adultas sin considerar las opiniones de niños y niñas. 

Esto nos pone sobre la mesa una de las primeras causas: el adultocentrismo. Según UNICEF, en su informe Derechos de las niñas para un futuro en igualdad: Renovando compromisos en América Latina y el Caribe, es la práctica que mira hacia las niñas y niños “desde arriba”, desde una posición de superioridad y sin tener en cuenta sus voces a la hora de definir los problemas que les preocupan y las soluciones para abordarlos. 

Pero tenemos otra realidad: cientos de niñas que, desde sus realidades y entornos diversos, crean sus propios medios de participación, liderando espacios juveniles comunitarios y logrando que más niñas puedan experimentar por primera vez una pizca de este derecho. En muchos de los casos, sin apoyo y sin recursos, solo el deseo de tener un espacio en la mesa y poner sus propios temas en la conversación. 

Y si esta movilización la hace una niña de solo 13 años de una zona rural de cualquiera de nuestros países, ¿qué están esperando nuestros tomadores de decisión para crear espacios reales? 

Frente a este panorama, es urgente posicionar la participación de niñas y adolescentes como una prioridad en la agenda regional. Esto implica no solo garantizar que sean escuchadas, sino también que formen parte activa de los espacios donde se toman decisiones que afectan sus vidas. 

Fortalecer la democracia en Centroamérica y la República Dominicana pasa necesariamente por reconocer que la inclusión de niñas y adolescentes contribuye a construir sociedades más justas, equitativas e inclusivas. 

Participar no es únicamente hablar; también implica eliminar las barreras que dificultan el acceso. Esto incluye garantizar condiciones como horarios flexibles, apoyo económico, acceso a herramientas digitales, un enfoque de género y la inclusión efectiva de adolescentes con discapacidad. Es necesario avanzar hacia marcos legales claros y políticas públicas que aseguren su ejercicio pleno como un derecho, no como una concesión. 

Nada para las niñas sin las niñas.