Por Fundación Esquipulas

Por diferentes razones, ya sean derivadas por prácticas permitidas en la integración durante las décadas anteriores o por pragmatismo ante el deseo de avanzar después de las históricas reuniones de Esquipulas I y II (1986 y 1987), tenemos en Centroamérica un proceso de integración “a la Carta”, que opera al amparo de los principios de Flexibilidad y Gradualidad, con un menú de opciones, siendo la más importante la de participación parcial en tratados y acuerdos regionales. Es un estado de situación sui-géneris, donde cada país se apunta en los temas de sus conveniencia, dejando de lado otros dos importantes principios que deben estar en la base de todo proceso de este tipo: el de Concertación, donde ninguno de los Estados miembros debería tomar decisiones por sí solo, máxime si esa decisión afecta los convenios, acuerdos y tratados regionales ya adoptados o que vaya en contra del proceso acordado para alcanzar los objetivos regionales; y el de Regionalidad, dentro del cual debiera procurarse que todas las acciones se realicen de manera integrada para potenciar resultados. El incumplimiento de este último principio se traduce en el llamado “déficit de regionalidad”, donde los países adoptan medidas o acciones unilaterales en base a su propia utilidad, aduciendo incluso razones privativas de Estado, tal el caso, por ejemplo, de las negociaciones comerciales con terceros, donde incluso se vulneró la denominada Cláusula Centroamericana de Excepción[1].

Sobre el tema de Costa Rica y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), las noticias recibidas son imprecisas. Por una parte, se sabe que el viernes 18 de los corrientes el presidente del hermano país anunció el retiro parcial del SICA y más recientemente, en una entrevista realizada a su Canciller[2], se consigna que ese país se retiró de la “mesa política” del SICA. ¿Cuál es la diferencia? El “retirarse” del SICA es hacerlo del Protocolo de Tegucigalpa y de los subsistemas allí establecidos: el político, económico, social, educativo y cultural y el ambiental. Por otra parte, retirarse de la “mesa política del SICA” es otra cosa, aunque esta “mesa” está primordialmente constituida por la Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de los Países Miembros, que es el órgano Supremo, y también por la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, como órgano principal de coordinación, con competencia en lo relativo al proceso de  democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos.

Entonces las preguntas obligadas son: ¿Se retira temporalmente Costa Rica de ambos órganos? ¿Puede hacerlo sin vulnerar principios regionales establecidos? ¿Puede hacerlo cuando hay compromisos regionales e internacionales políticos y económicos ya establecidos? ¿Puede retirarse sin denunciar con antelación el Protocolo de Tegucigalpa que dio luz al Sistema de la Integración Centroamericana –SICA-? ¿Es un “retiro” parcial negociado de antemano con el resto de socios? El tema es delicado tanto frente a los demás miembros del programa de integración como frente a los países observadores del Sistema, figura de naturaleza política, que son: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China (Taiwán), Corea, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Marruecos (Reino de), México, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Reino Unido, la Santa Sede (Estado del Vaticano) y Turquía.

Por otra parte, el canciller del hermano país, señor Manuel González, asegura que el mismo “puede vivir sin formar parte del SICA”, lo que parecería un punto final de relaciones comunitarias. Otra lectura que puede darse y que se desprende de la mencionada entrevista es que se haya confundido el SICA, que es un sistema orgánico, con la Secretaría General del mismo. De ser así entonces también caben las mismas preguntas: ¿Puede hacerlo y en base a qué jurisprudencia? ¿Cuáles serían los efectos? ¿Es parte de un desmantelamiento gradual de la integración de ese país al esquema regional? Es la segunda vez que Costa Rica haría algo similar, puesto que hace algunos años “se retiró” de la Secretaría General de la SIECA, cuando el Ministerio de Comercio de ese país desconoció la firma de su Ministro de Relaciones Exteriores en un documento de nombramiento del Secretario General de esa institución, y ahora lo estaría haciendo con la propia Secretaría General del Sistema.

Hay que ir a las razones para esta decisión: el tema de los refugiados cubanos y la negativa de algunos países de recibirlos. Si no son perseguidos políticos ni afectados por catástrofes naturales o guerras, parecería ser que se trata de un problema eminentemente de índole nacional que podría haber sido tratado con sus socios de manera gradual, a través de acercamientos diplomáticos e incluso técnicos, invocando el principio de Solidaridad que debe estar presente entre los socios de un esquema de integración. Queda entonces ahora esperar, una vez más, a que se disipen los vientos políticos desencontrados en la región.

Es ahora importante tener presente lo que la Fundación decía en un documento interno de base al Foro Regional Esquipulas 2015:

“Para la integración centroamericana una tendencia evidente es la falta de liderazgo y de apoyo político al mismo, siendo entonces de naturaleza política los temas más delicados que inhiben su normal desarrollo. Para ello, la Fundación Esquipulas ha propuesto un proceso inclusivo de diálogo regional que conduzca a una acción programática. Incluso se han propuesto parámetros o directrices básicas para este proceso, Así, en el documento Marco del FRE 2014 mencionábamos que: “Es necesario rehacer los paradigmas impulsores de la integración.

El nuevo proceso de diálogo debería contemplar al menos los siguientes principios básicos: i)Solidaridad: el desarrollo para todos y cada uno de los países, para lo cual habrá colaboración y concesiones a efecto de lograr un crecimiento económico sistemático y simétrico, lo que asegurará la convivencia regional y la confianza entre los países; ii) Responsabilidad compartida: las transformaciones estructurales y los cambios legales, económicos y sociales se realizarán por todos los socios, para respaldarse mutuamente ante las resistencias locales y para que los cambios se impongan por la vía de los acuerdos y tratados internacionales, con el apoyo de la comunidad internacional; iii) Subsidiaridad: los Estados intervendrán en la medida en la que la Sociedad Civil no pueda responder, además, que llevará a cabo los cambios y solo se fortalecerán en aquellos campos en los que la naturaleza de los acciones y los servicios imponen su participación; iv) Concertación: ninguno de los Estados tomará decisiones por sí solo, si esa decisión afecta los convenios, acuerdos y tratados regionales ya adoptados, que podrían ir en contra del proceso acordado para alcanzar los objetivos comunes; v)Progresividad: todos los cambios que se acuerden y las medidas adoptadas se harán progresivamente para evitar las resistencias normales a este tipo de proceso; y vi)Regionalidad: que todas las acciones se realicen de manera integrada”.

Las diferencias habidas deben dialogarse y buscarse nuevamente la concertación regional. Esto no es una tarea ajena a Centroamérica, que ha logrado en el pasado dejar sus diferencias de lado para  encontrar soluciones a problemas profundos como la guerra. Estamos seguros que las diferencias en torno a la migración de los hermanos cubanos serán resueltas. Se requiere voluntad, disposición y respeto de parte de todos.

[1] Protocolo de Guatemala, numeral No. 13: “Con ello se busca que los Países miembros, cuando celebren acuerdos comerciales con terceros se comprometan a seguir normas comunes de comercio, a fin de que las negociaciones unilaterales no afecten el proceso de negociación intrarregional”.

[2] Entrevista con el señor Manuel González, Canciller de la República de Costa Rica. Por: Gerardo Ruiz Ramón, “La Nación”, Costa Rica, 20/12/2015.

Descarga: ¿Integración a la Carta o una nueva Carta de la Integración?