Por Celeste Alvarado /Â Siglo 21
Revisar los pactos colectivos de trabajo, eliminar las plazas fantasmas y fortalecer los mecanismos de fiscalización son algunas de las principales recomendaciones que hicieron más de 60 lÃderes de organizaciones civiles, la Fundación Esquipulas y la Unión Europea (UE) al nuevo gobierno.
Para el efecto se conformaron siete mesas especÃficas: salud, educación, anticorrupción y transparencia, integración regional, seguridad integral, derechos humanos y desarrollo económico, además de una que avalúa el empleo. El resumen del trabajo fue entregado al vicepresidente electo Jafeth Cabrera y al equipo de transición.
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 El informe da una serie de recomendaciones, en las que resalta la revisión de los pactos colectivos del magisterio y Salud para ser coherentes con los problemas financieros, respetando los derechos de los trabajadores, pero conscientes de la realidad del paÃs.
Además, que se haga un inventario de plazas existentes cumpliendo el artÃculo de la ley del nuevo presupuesto en el que se solicita se revisen las plazas fantasmas.
En el tema de Salud, se sugiere hacer una intervención agresiva a las finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Asimismo, se sugiere adherirse al mecanismo de negociación conjunta para la compra de medicamentos en Centroamérica, revisar programas en otros ministerios que debilitan al Ministerio de Salud o duplican sus funciones. También propone crear un fondo de investigación, establecer un modelo de intervención territorial y revisar “el fracaso del Pacto de Hambre Cero y sus implicaciones en la saludâ€.
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La mesa de Anticorrupción y Transparencia sugirió renovar por más tiempo el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “También recuperar el vice ministerio de Fiscalización y Transparencia de Finanzas Públicas y eliminar la figura de comisionados presidenciales, para reducir el gasto públicoâ€.
Otras recomendaciones que hicieron los integrantes de esa mesa son que las obras públicas de mayor envergadura se realicen con inversión público-privado y que se fiscalicen los consejos de desarrollo, pues “manejan Q2 mil millones al año sin fiscalizaciónâ€.
“En la delegación de la Unión Europea estamos conscientes y tenemos claro el rol que juega la sociedad civil en el procesos democrático y de desarrollo del paÃs, es por ello que no dudamos en apoyar la iniciativaâ€, manifestó la embajadora de la Unión Europea en Guatemala, Stella Zervoudaki.
Al cierre de la actividad, Cabrera dijo que el nuevo gobierno atenderá las recomendaciones sugeridas en el informe “principalmente las de Salud, pues hay problemas de atención que deben solucionarse prontoâ€.
Fuente Siglo 21: http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/12/05/recomiendan-revisar-pactos-colectivos
Por Fundación EsquipulasÂ
La Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, encabezada por el Ex Presidente Vinicio Cerezo, en el marco del programa de diálogo democrático, del fortalecimiento a la integración regional desde la sociedad civil y de las acciones para contribuir al fortalecimiento del sector justicia, llevó a cabo un intercambio de alto nivel entre el Director para América Latina de la Unión Europea, el señor Roland Schaefer y representantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
El espacio en el que se dieron cita representantes del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, del cuerpo diplomático, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, el Presidente del Colegio de Abogados, El Presidente del Congreso de la República y el Comisionado de CICIG inició con un fuerte respaldo al trabajo realizado por el Ministerio Público y la CICIG por las investigaciones y acciones que han dado como resultado el inicio del desmantelamiento de una estructura dedicada a la defraudación aduanera y al contrabando.
Luego de escuchar las percepciones, las preocupaciones y propuestas de los asistente el Sr. Schafer además de reconocer los avances que presenta el Ministerio Público y la CICIG en el fortalecimiento de la administración de justicia, ratificó que la Unión Europea, de ser prorrogado el mandato de la CICIG por el Estado de Guatemala, continuará respaldando al paÃs en este acompañamiento, como lo han hecho siempre.
Este intercambio se suma al proceso que realiza, desde la sociedad civil, la Fundación Esquipulas en acompañamiento a la Presidencia ProTempore de Guatemala del Sistema de la Integración Regional y también la profundización en el diálogo polÃtico establecido en el Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica.
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Por Diario la Hora
La Instancia Coordinadora para la Modernización Sector Justicia recomendó al presidente Otto Pérez Molina solicitar a Naciones Unidas, la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En el documento que entregó este dÃa la instancia de alto nivel al mandatario guatemalteco, se pide la continuidad de la Comisión hasta 2017.
Por unanimidad, representantes del Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Ministerio de Gobernación recomendaron la ampliación del mandato del ente internacional hasta el 2017.
La principal razón para recomendar la continuidad de la Comisión en Guatemala es “la utilidad y objetividad de su trabajo†dijo la Instancia.
Entre las recomendaciones que la Instancia entregó al presidente están la prórroga del mandato de la Comisión por dos años más, requerir a la Comisión la elaboración en conjunto con la Instancia de un plan de trabajo que defina las áreas de investigación criminal y que realice la transferencia de capacidades a las instituciones del sector justicia.
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Asimismo, requerir a la CICIG que continúe con el acompañamiento de reformas legales y/o constitucionales que permitan el efectivo fortalecimiento del sector justicia guatemalteco y brindar todo el apoyo que requiera el ente internacional para el fortalecimiento técnico y presupuestario de cada una de las instituciones del sector justicia.
A inicios de año y por petición de Pérez Molina, la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, (integrada por los titulares de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial y DefensorÃa Pública Penal) empezó un análisis sobre la labor de la CICIG durante casi 8 años en el paÃs, cuyo mandato finaliza el próximo 3 de septiembre.
Tanto el desempeño como la ampliación de la permanencia de la CICIG también han sumado apoyo en los últimos meses de parte de diversos grupos entre los que se puede mencionar la Arquidiócesis de Guatemala, el sector académico, la cúpula empresarial organizada, la comunidad internacional, la FiscalÃa y otras instituciones oficiales o que velan por la defensa de los derechos humanos.
No obstante, el Presidente, quien siempre ha mostrado públicamente su resistencia para decidir sobre la continuación de esa Oficina, ahora tendrá la potestad de decidir si prórroga o no la estancia de la Comisión, en medio de una crisis polÃtica provocada por el reciente descubrimiento de una red de defraudación aduanera dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria y que para algunos analistas, ha puesto de nuevo en evidencia la ineficacia del sistema de justicia.
Otro de los argumentos aparentemente es que aún hace falta capacidad instalada en el paÃs por lo que se hace necesario la presencia en el paÃs de la CICIG para que pueda seguir coordinando investigaciones con el Ministerio Público y asà continuar en la desarticulación de estructuras paralelas que operan en la impunidad, como la desbaratada el año pasado en varias cárceles y que era liderada por el reo Byron Lima.
El documento elaborado por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia servirá para adoptar una u otra postura, que el mandatario anunciará antes de finalizar el mes de abril. El estudio es resultado de numerosas reuniones llevadas a cabo durante dos meses donde se evaluó el trabajo de siete años de la CICIG, donde se recibió observaciones de diferentes sectores.
La CICIG se instaló en Guatemala en el 2007 con el compromiso de investigar y desarticular cuerpos paralelos y aparatos clandestinos enquistados en el Estado, trabajo que ha causado comentarios a favor y en contra en diferentes sectores.
El secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo el lunes pasado que la entidad está lista para continuar trabajando en Guatemala por medio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha estado investigando las redes criminales incrustadas en el paÃs.
Se espera que el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, anuncie la decisión de renovar o no el mandato de la Comisión por dos años más, a finales de abril.
Una primera prórroga al mandato se solicitó el 24 de marzo de 2009. La segunda ampliación se pidió el 23 de diciembre de 2010 y la última extensión se requirió el 30 de noviembre de 2012, la cual finalizará el próximo 3 de septiembre.
Por Siglo 21
¿Y por qué no? De mantenerse el esquema de financiamiento actual, la responsabilidad serÃa una cuestión de los paÃses amigos y no de los paÃses sobre los cuales este mecanismo funcionarÃa. Si se trata de razones de financiamiento, las excusas sobran. Al menos asÃÌ lo ha presentado el vicepresidente de Estados Unidos. Eso sÃ, lo que se pide es compromiso polÃtico. Lamentablemente, de lo anterior, en la región del Triángulo Norte, poco se entiende.
La experiencia compartida que pudiera trasladarse a otros paÃses de la región tiene al mismo tiempo que contemplar lo siguiente: no hay otra forma de combatir el flagelo del crimen organizado transnacional si no es por medio de una superagencia que establezca mecanismos de tipo transnacional. Y, por cierto, cuya implementación de alguna forma condicione financieramente a los Estados. Es la única forma de articular las reformas necesarias y transformarlas en polÃticas públicas. Pero combatir el crimen transnacional significa también continuar con la limpia dentro del sistema. Porque lo transnacional materializa su poder en las estructuras internas.
Seamos honestos. A la fecha, ¿por qué la reforma al financiamiento de los partidos polÃticos no hay quien quiera tocarlo? ¿Por qué las fiscalÃas que se dedican a la persecución del delito financiero no tienen el número necesario de personas para funcionar? ¿Qué acciones concretas se han desarrollado para combatir el lavado de activos? ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilÃcito han producido sentencias? A lo anterior, hay que agregar que a nivel de los puertos y las aduanas hay un reparto brutal del botÃn. Y esto sucede con la complacencia de los grupos polÃticamente relevantes, incapaces de gestionar un pacto polÃtico contra la corrupción.
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Para muestra un botón. Más tarde que temprano, pero de igual forma se sabrá, toda la red de empresarios, polÃticos de medio y alto nivel que no tuvieron ningún reparo en hacer negocios con Marjorie Chacón. Cuando entre los grupos polÃticamente relevantes ha desaparecido todo pudor y sentido cÃvico, ¿qué se puede hacer? Lo menos que puede hacerse es suponer que el sistema tal y como está tiene las capacidades para autodepurarse. El mejor ejemplo de esto lo constituye el caso de Byron Lima. A muchos les parece que no puede mercadearse como un caso que justifique la prórroga de la Comisión. Pero, por más de 20 años, nadie en Guatemala habÃa hecho nada al respecto.
¿Entonces? ¿De qué capacidad hablamos? De la capacidad para voltear la cara y hacer pisto. Porque en ciertos paÃses, la vergüenza pasa y el dinero queda.
Los objetos hacia los cuales dirigir este nuevo esfuerzo no son pocos, pero siguen siendo los mismos: 1) financiamiento de campañas polÃticas, 2) colusión del sistema bancario con los agentes paralelos que lavan capitales, 3) colusión de actores empresariales que se prestan como testaferros, y 4), redes de actores paralelos enquistados en dependencias de nivel ministerial, cárceles, etc. Es decir, un mecanismo transnacional para combatir el fenómeno de la narcopolÃtica.
Institucionalizar la democracia, eliminar los vicios de personalismo dentro del sistema, empoderar las agencias de fiscalización, desistir de los cambios radicales de cúpula en las estructura de seguridad e intentar no influir en los procesos del poder Judicial son sÃntomas reales de una administración polÃtica que se encuentra comprometida de facto con la transparencia. Y de lo anterior, no hay una sola articulación polÃtica en los paÃses del Triángulo Norte que parezca comprender la agenda. Pero la culpa, claro, es de cooperación internacional y sus agendas.
Descarga PDF: Una CICIG regional - Siglo 21
http://www.fundaesq.org/archivos/Una-CICIG-regional.pdf
Delegación de la Unión Europea en Guatemala
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DECLARACIÓN CONJUNTA LOCAL DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS PRESENTES EN GUATEMALA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
GUATEMALA, 21.04.2015
"La desarticulación de la estructura de contrabando y defraudación tributaria, conocida como "La LÃnea", llevada a cabo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es un paso importante en la lucha contra el fraude y la corrupción.
En el marco de sus relaciones de cooperación, la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas de los Estados Miembros presentes en el paÃs, reiteran su mejor disposición para seguir trabajando con la administración de justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, asà como para continuar apoyando la labor que desarrolla la CICIG en coordinación con las citadas instituciones para reforzar el Estado de Derecho y la lucha contra la Impunidad. "
http://www.fundaesq.org/archivos/Declaración-UE-sobre-lucha-contra-corrupcción-fraude-y-apoyo-a-CICIG-final-2104205.pdf