Recomiendan revisar los pactos colectivos

Por Celeste Alvarado / Siglo 21

Revisar los pactos colectivos de trabajo, eliminar las plazas fantasmas y fortalecer los mecanismos de fiscalización son algunas de las principales recomendaciones que hicieron más de 60 líderes de organizaciones civiles, la Fundación Esquipulas y la Unión Europea (UE) al nuevo gobierno.

Recomiendan revisar los pactos colectivos - Rafel Rosales - Siglo 21 (PNG)Para el efecto se conformaron siete mesas específicas: salud, educación, anticorrupción y transparencia, integración regional, seguridad integral, derechos humanos y desarrollo económico, además de una que avalúa el empleo. El resumen del trabajo fue entregado al vicepresidente electo Jafeth Cabrera y al equipo de transición.

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 El informe da una serie de recomendaciones, en las que resalta la revisión de los pactos colectivos del magisterio y Salud para ser coherentes con los problemas financieros, respetando los derechos de los trabajadores, pero conscientes de la realidad del país.

Además, que se haga un inventario de plazas existentes cumpliendo el artículo de la ley del nuevo presupuesto en el que se solicita se revisen las plazas fantasmas.

En el tema de Salud, se sugiere hacer una intervención agresiva a las finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Asimismo, se sugiere adherirse al mecanismo de negociación conjunta para la compra de medicamentos en Centroamérica, revisar programas en otros ministerios que debilitan al Ministerio de Salud o duplican sus funciones. También propone crear un fondo de investigación, establecer un modelo de intervención territorial y revisar “el fracaso del Pacto de Hambre Cero y sus implicaciones en la salud”.

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La mesa de Anticorrupción y Transparencia sugirió renovar por más tiempo el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “También recuperar el vice ministerio de Fiscalización y Transparencia de Finanzas Públicas y eliminar la figura de comisionados presidenciales, para reducir el gasto público”.

Otras recomendaciones que hicieron los integrantes de esa mesa son que las obras públicas de mayor envergadura se realicen con inversión público-privado y que se fiscalicen los consejos de desarrollo, pues “manejan Q2 mil millones al año sin fiscalización”.

“En la delegación de la Unión Europea estamos conscientes y tenemos claro el rol que juega la sociedad civil en el procesos democrático y de desarrollo del país, es por ello que no dudamos en apoyar la iniciativa”, manifestó la embajadora de la Unión Europea en Guatemala, Stella Zervoudaki.

Al cierre de la actividad, Cabrera dijo que el nuevo gobierno atenderá las recomendaciones sugeridas en el informe “principalmente las de Salud, pues hay problemas de atención que deben solucionarse pronto”.

Fuente Siglo 21: http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/12/05/recomiendan-revisar-pactos-colectivos

Una CICIG Regional...

Por Siglo 21

¿Y por qué no? De mantenerse el esquema de financiamiento actual, la responsabilidad sería una cuestión de los países amigos y no de los países sobre los cuales este mecanismo funcionaría. Si se trata de razones de financiamiento, las excusas sobran. Al menos así́ lo ha presentado el vicepresidente de Estados Unidos. Eso sí, lo que se pide es compromiso político. Lamentablemente, de lo anterior, en la región del Triángulo Norte, poco se entiende.

La experiencia compartida que pudiera trasladarse a otros países de la región tiene al mismo tiempo que contemplar lo siguiente: no hay otra forma de combatir el flagelo del crimen organizado transnacional si no es por medio de una superagencia que establezca mecanismos de tipo transnacional. Y, por cierto, cuya implementación de alguna forma condicione financieramente a los Estados. Es la única forma de articular las reformas necesarias y transformarlas en políticas públicas. Pero combatir el crimen transnacional significa también continuar con la limpia dentro del sistema. Porque lo transnacional materializa su poder en las estructuras internas.

Seamos honestos. A la fecha, ¿por qué la reforma al financiamiento de los partidos políticos no hay quien quiera tocarlo? ¿Por qué las fiscalías que se dedican a la persecución del delito financiero no tienen el número necesario de personas para funcionar? ¿Qué acciones concretas se han desarrollado para combatir el lavado de activos? ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito han producido sentencias? A lo anterior, hay que agregar que a nivel de los puertos y las aduanas hay un reparto brutal del botín. Y esto sucede con la complacencia de los grupos políticamente relevantes, incapaces de gestionar un pacto político contra la corrupción.

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Para muestra un botón. Más tarde que temprano, pero de igual forma se sabrá, toda la red de empresarios, políticos de medio y alto nivel que no tuvieron ningún reparo en hacer negocios con Marjorie Chacón. Cuando entre los grupos políticamente relevantes ha desaparecido todo pudor y sentido cívico, ¿qué se puede hacer? Lo menos que puede hacerse es suponer que el sistema tal y como está tiene las capacidades para autodepurarse. El mejor ejemplo de esto lo constituye el caso de Byron Lima. A muchos les parece que no puede mercadearse como un caso que justifique la prórroga de la Comisión. Pero, por más de 20 años, nadie en Guatemala había hecho nada al respecto.

¿Entonces? ¿De qué capacidad hablamos? De la capacidad para voltear la cara y hacer pisto. Porque en ciertos países, la vergüenza pasa y el dinero queda.

Los objetos hacia los cuales dirigir este nuevo esfuerzo no son pocos, pero siguen siendo los mismos: 1) financiamiento de campañas políticas, 2) colusión del sistema bancario con los agentes paralelos que lavan capitales, 3) colusión de actores empresariales que se prestan como testaferros, y 4), redes de actores paralelos enquistados en dependencias de nivel ministerial, cárceles, etc. Es decir, un mecanismo transnacional para combatir el fenómeno de la narcopolítica.

Institucionalizar la democracia, eliminar los vicios de personalismo dentro del sistema, empoderar las agencias de fiscalización, desistir de los cambios radicales de cúpula en las estructura de seguridad e intentar no influir en los procesos del poder Judicial son síntomas reales de una administración política que se encuentra comprometida de facto con la transparencia. Y de lo anterior, no hay una sola articulación política en los países del Triángulo Norte que parezca comprender la agenda. Pero la culpa, claro, es de cooperación internacional y sus agendas.

 

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