Por Diario la Hora
La Instancia Coordinadora para la Modernización Sector Justicia recomendó al presidente Otto Pérez Molina solicitar a Naciones Unidas, la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En el documento que entregó este dÃa la instancia de alto nivel al mandatario guatemalteco, se pide la continuidad de la Comisión hasta 2017.
Por unanimidad, representantes del Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Ministerio de Gobernación recomendaron la ampliación del mandato del ente internacional hasta el 2017.
La principal razón para recomendar la continuidad de la Comisión en Guatemala es “la utilidad y objetividad de su trabajo†dijo la Instancia.
Entre las recomendaciones que la Instancia entregó al presidente están la prórroga del mandato de la Comisión por dos años más, requerir a la Comisión la elaboración en conjunto con la Instancia de un plan de trabajo que defina las áreas de investigación criminal y que realice la transferencia de capacidades a las instituciones del sector justicia.
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Asimismo, requerir a la CICIG que continúe con el acompañamiento de reformas legales y/o constitucionales que permitan el efectivo fortalecimiento del sector justicia guatemalteco y brindar todo el apoyo que requiera el ente internacional para el fortalecimiento técnico y presupuestario de cada una de las instituciones del sector justicia.
A inicios de año y por petición de Pérez Molina, la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, (integrada por los titulares de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial y DefensorÃa Pública Penal) empezó un análisis sobre la labor de la CICIG durante casi 8 años en el paÃs, cuyo mandato finaliza el próximo 3 de septiembre.
Tanto el desempeño como la ampliación de la permanencia de la CICIG también han sumado apoyo en los últimos meses de parte de diversos grupos entre los que se puede mencionar la Arquidiócesis de Guatemala, el sector académico, la cúpula empresarial organizada, la comunidad internacional, la FiscalÃa y otras instituciones oficiales o que velan por la defensa de los derechos humanos.
No obstante, el Presidente, quien siempre ha mostrado públicamente su resistencia para decidir sobre la continuación de esa Oficina, ahora tendrá la potestad de decidir si prórroga o no la estancia de la Comisión, en medio de una crisis polÃtica provocada por el reciente descubrimiento de una red de defraudación aduanera dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria y que para algunos analistas, ha puesto de nuevo en evidencia la ineficacia del sistema de justicia.
Otro de los argumentos aparentemente es que aún hace falta capacidad instalada en el paÃs por lo que se hace necesario la presencia en el paÃs de la CICIG para que pueda seguir coordinando investigaciones con el Ministerio Público y asà continuar en la desarticulación de estructuras paralelas que operan en la impunidad, como la desbaratada el año pasado en varias cárceles y que era liderada por el reo Byron Lima.
El documento elaborado por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia servirá para adoptar una u otra postura, que el mandatario anunciará antes de finalizar el mes de abril. El estudio es resultado de numerosas reuniones llevadas a cabo durante dos meses donde se evaluó el trabajo de siete años de la CICIG, donde se recibió observaciones de diferentes sectores.
La CICIG se instaló en Guatemala en el 2007 con el compromiso de investigar y desarticular cuerpos paralelos y aparatos clandestinos enquistados en el Estado, trabajo que ha causado comentarios a favor y en contra en diferentes sectores.
El secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo el lunes pasado que la entidad está lista para continuar trabajando en Guatemala por medio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha estado investigando las redes criminales incrustadas en el paÃs.
Se espera que el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, anuncie la decisión de renovar o no el mandato de la Comisión por dos años más, a finales de abril.
Una primera prórroga al mandato se solicitó el 24 de marzo de 2009. La segunda ampliación se pidió el 23 de diciembre de 2010 y la última extensión se requirió el 30 de noviembre de 2012, la cual finalizará el próximo 3 de septiembre.
