La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, cerró formalmente el conflicto armado interno en Guatemala. Pero la paz no comenzó ese día. Fue el desenlace de un proceso político sostenido que se gestó una década antes y que tuvo en Esquipulas I y II su punto de inflexión regional. Volver a ese origen no es un ejercicio conmemorativo: es una clave para entender por qué la paz fue posible y por qué sigue siendo una tarea pendiente.
Desde la perspectiva histórica que impulsa la Fundación Esquipulas, la paz guatemalteca es inseparable de la década de la paz (1986–1996). Diez años en los que Centroamérica decidió cambiar el rumbo: abandonar la lógica de la guerra, asumir la política como método y construir una salida propia a conflictos que parecían interminables.
El 14 de enero de 1986, Guatemala inauguró una nueva etapa con la toma de posesión de Vinicio Cerezo Arévalo, primer presidente civil democráticamente electo tras décadas de gobiernos autoritarios. Ese día no solo se recuperó la institucionalidad democrática; se colocó la paz en el centro del camino político del país y de la región.
En una Centroamérica atravesada por guerras civiles, intervención externa y polarización ideológica, proponer una salida negociada era desafiar la inercia del momento. Insistir en el diálogo cuando la violencia dominaba el lenguaje político supuso una apuesta contra corriente. La democracia —como método y como fin— abrió así la posibilidad de pensar la paz no como resultado militar, sino como decisión política.
Ese giro encontró eco regional. Los presidentes centroamericanos comprendieron que ningún país resolvería su conflicto en soledad y que la estabilidad solo sería posible desde una apuesta común. De ese entendimiento surgió Esquipulas.
Los Acuerdos de Esquipulas I (1986) y Esquipulas II (1987) establecieron un principio que hoy parece evidente, pero que entonces fue profundamente disruptivo: los conflictos internos debían resolverse mediante diálogo político, democratización, respeto a los derechos humanos y reconciliación nacional.
Esquipulas no puso fin inmediato a las guerras, pero logró algo decisivo: volver negociable lo que hasta entonces parecía irresoluble. Con acompañamiento internacional y una decisión soberana regional, Centroamérica empezó a desmontar la lógica de la confrontación permanente. Ese marco permitió avances concretos: la desmovilización en Nicaragua, la firma de la paz en El Salvador en 1992, la creación del Sistema de la Integración Centroamericana y, en Guatemala, la apertura sostenida del camino hacia la negociación.
En el ámbito nacional, el impacto fue directo. Durante el gobierno de Cerezo se impulsó la Comisión Nacional de Reconciliación y se abrieron espacios de diálogo que reconocieron una verdad central: el conflicto guatemalteco no era solo militar, sino político, social y estructural. Ese reconocimiento permitió que la negociación dejara de ser un tabú y se convirtiera en política de Estado.
Con ese terreno abonado, el proceso avanzó durante los años noventa. La verificación internacional, la firma de acuerdos sustantivos y la incorporación progresiva de compromisos sobre derechos humanos, pueblos indígenas, fortalecimiento del poder civil y participación democrática condujeron al 29 de diciembre de 1996. Ese día, Guatemala cerró formalmente la guerra y abrió una etapa de responsabilidades.
Treinta años después, el balance es complejo. El país logró poner fin al conflicto armado y sostener procesos electorales, pero muchas de las transformaciones estructurales comprometidas quedaron incompletas. Persisten la desigualdad, la exclusión histórica y la fragilidad institucional. La paz, entendida como transformación del Estado y ampliación de derechos, sigue siendo una tarea en disputa.
Por eso, la pregunta a tres décadas de la firma no es si los acuerdos fueron un éxito o un fracaso. La pregunta es quiénes asumieron la paz como una agenda de Estado y quiénes la redujeron a un acto simbólico. Esa tensión ha marcado buena parte de la historia política posterior a 1996.
Resguardar el legado de Esquipulas —y del liderazgo que lo impulsó— no es un ejercicio de nostalgia. Es recordar que la paz fue una decisión política regional, sostenida durante años contra la inercia de la guerra. Volver a Esquipulas I y II es volver al origen de esa decisión y, al mismo tiempo, a una hoja de ruta que sigue vigente para Guatemala y Centroamérica.
