En Guatemala, el poder no siempre se decide en silencio. Hoy, muchas de las decisiones más importantes del sistema democrático ocurren a la vista de todos. El problema es que esa visibilidad no se traduce necesariamente en comprensión ni en capacidad de incidencia ciudadana.

Cada cuatro años, en Guatemala, se vive un proceso que moviliza a una gran parte de la ciudadanía: las elecciones generales. Para muchas personas, ese es el momento más importante de la vida democrática del país por los cargos que están en la línea durante esta elección. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en este evento visible, existen otros procesos políticos que ocurren con menor ruido, pero con consecuencias igual de profundas para el futuro de las instituciones del país.

Las elecciones de segundo grado son procesos donde los funcionarios no son elegidos directamente por el voto popular, sino por otros órganos que designan autoridades. Tal es el caso del 2026, año en el que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Contraloría General de Cuentas atraviesan estos procesos de renovación o designación de sus principales autoridades.

Aunque estas elecciones no generan la misma atención mediática ni el mismo nivel de participación ciudadana que las elecciones generales, tienen un impacto determinante en el ejercicio de poder dentro del Estado. En gran medida, de estas instituciones depende la fortaleza de los pesos y contrapesos que garantizan el equilibrio institucional del país. Cuando estos procesos se desarrollan de forma transparente y según lo establecido, se fortalece la confianza en las instituciones.

Cuando estos mecanismos se ven nublados por polémicas, actores corruptos, intereses particulares, o son alejados del ojo público, se promueve que sigan existiendo dinámicas injustas y que personajes cuestionados en la política guatemalteca aún puedan acceder a posiciones de poder. La falta de información accesible, la complejidad de los procedimientos y la percepción de negociaciones políticas detrás de los procesos tienden a generar desinterés o resignación por parte de la población, y esto no es un fenómeno que solamente sucede en Guatemala, particularmente, en muchos países de la región, estos procesos tienden a desarrollarse lejos del debate público.

El mantener viva la participación política es esencial, aún más en un contexto donde las democracias se ven desafiadas, por ello uno de los retos más grandes de la actualidad es cerrar esa brecha entre las decisiones institucionales y la ciudadanía. La democracia no se debe de limitar a un voto cada 4 años, también implica una ciudadanía informada y una población que entiende cómo funcionan sus instituciones.

Este reto puede ser tomado como una oportunidad para las juventudes de involucrarse en los procesos políticos relevantes, exigir transparencia y, desde espacios académicos, organizaciones e iniciativas ciudadanas y, sobre todo, redes sociales, ampliar los espacios de discusión sobre temas que antes parecían ser solamente para los políticos tradicionales,pero que realmente son de relevancia para todos.

En este sentido, las elecciones de segundo grado no deben de entenderse solamente como un proceso institucional del cual la población general no tiene incidencia, sino como un momento clave para reflexionar sobre la calidad de nuestro sistema político. La democracia, en estos procesos, se debe ver reflejada por medio del acompañamiento y fiscalización de procesos que SÍ nos afectan a todos. La rendición de cuentas no surge únicamente de las leyes; también nace de la presión legítima de una sociedad que se interesa por el rumbo de sus instituciones.

Por eso, más allá del ruido de las campañas y de los ciclos electorales tradicionales, es importante recordar que la democracia también se construye en los procesos menos visibles. Las elecciones de segundo grado representan una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con instituciones sólidas, con el equilibrio de poderes y con una cultura democrática basada en participación, transparencia, respeto al Estado de derecho y sus procesos”

Mantenernos informados, participar en distintos espacios y acompañar estos procesos con responsabilidad ciudadana es una forma concreta de contribuir a la consolidación de la paz y el fortalecimiento de nuestras democracias. El futuro del país no se decide cada 4 años, se decide todos los días, en todos los procesos que construyen y suceden en nuestras instituciones.