Mientras unos luchan por frenar la corrupción desmedida de los funcionarios públicos y de empresas privadas que se benefician de ella, otros sobreviven a los efectos del cambio climático. Por supuesto, que la corrupción es una de las tantas razones por las cuales el estado no ha podido hacer frente a las tormentas tropicales que han golpeado a la región centroamericana en los últimos meses.

Los negocios innecesarios se sobreponen a la inversión pública social en las necesidades básicas de la población; omiten además, invertir en las medidas de prevención que se necesitan para poder enfrentar los cambios drásticos de las condiciones climáticas que por supuesto afecta más a los más pobres.

Ya vemos la destrucción de los cultivos y medios de subsistencia de gran cantidad de personas afectadas por las inundaciones. El resultado en el corto y mediano plazo será más hambre y desesperación, si el gobierno continúa con su lógica de hacer negocios y no invertir en la gente. Y el resultado en el largo plazo, puede llegar a ser la ingobernabilidad en aquellos territorios más afectados y olvidados.

Y en ese sentido, es importante recordar que, Parafraseando al líder Nelson Mandela, en una democracia, en la que prevalece el hambre, de nada sirve votar y tener un parlamento.       

Debemos tomar conciencia que el cambio climático ya no es solo un tema ambiental y ni siquiera social, sino es un tema político y económico. Por ende, debemos invertir cada vez más en medidas de prevención de desastres naturales. Cada año habrá más huracanes y más fuertes. Debemos entonces, fortalecer a las instituciones del estado encargadas de atender estas emergencias, con equipo, recursos materiales y humanos y en especial, crear las políticas públicas que eviten la deforestación (y así los deslaves) y conserven los recursos naturales de la nación y de la región.   

El gobierno debe preparar las carreteras, los puentes, los puertos y demás infraestructura para que no sea destruida por estos eventos climáticos, debiendo además crear las instalaciones necesarias para evacuar, atender y albergar en forma rápida a la población afectada. Es fundamental que coordine y “obligue” a las municipalidades, aledañas a los mares y ríos, para que emitan las normativas de construcción y planes de ordenamiento territorial enfocados en la prevención de daños por fenómenos ambientales.

Por último, el gobierno debe hacer las alianzas estratégicas necesarias con la sociedad civil para evitar que estos desastres se conviertan en problemas sociales que dificulten la gobernanza social en el país.