Por Siglo 21

¿Y por qué no? De mantenerse el esquema de financiamiento actual, la responsabilidad sería una cuestión de los países amigos y no de los países sobre los cuales este mecanismo funcionaría. Si se trata de razones de financiamiento, las excusas sobran. Al menos así́ lo ha presentado el vicepresidente de Estados Unidos. Eso sí, lo que se pide es compromiso político. Lamentablemente, de lo anterior, en la región del Triángulo Norte, poco se entiende.

La experiencia compartida que pudiera trasladarse a otros países de la región tiene al mismo tiempo que contemplar lo siguiente: no hay otra forma de combatir el flagelo del crimen organizado transnacional si no es por medio de una superagencia que establezca mecanismos de tipo transnacional. Y, por cierto, cuya implementación de alguna forma condicione financieramente a los Estados. Es la única forma de articular las reformas necesarias y transformarlas en políticas públicas. Pero combatir el crimen transnacional significa también continuar con la limpia dentro del sistema. Porque lo transnacional materializa su poder en las estructuras internas.

Seamos honestos. A la fecha, ¿por qué la reforma al financiamiento de los partidos políticos no hay quien quiera tocarlo? ¿Por qué las fiscalías que se dedican a la persecución del delito financiero no tienen el número necesario de personas para funcionar? ¿Qué acciones concretas se han desarrollado para combatir el lavado de activos? ¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito han producido sentencias? A lo anterior, hay que agregar que a nivel de los puertos y las aduanas hay un reparto brutal del botín. Y esto sucede con la complacencia de los grupos políticamente relevantes, incapaces de gestionar un pacto político contra la corrupción.

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Para muestra un botón. Más tarde que temprano, pero de igual forma se sabrá, toda la red de empresarios, políticos de medio y alto nivel que no tuvieron ningún reparo en hacer negocios con Marjorie Chacón. Cuando entre los grupos políticamente relevantes ha desaparecido todo pudor y sentido cívico, ¿qué se puede hacer? Lo menos que puede hacerse es suponer que el sistema tal y como está tiene las capacidades para autodepurarse. El mejor ejemplo de esto lo constituye el caso de Byron Lima. A muchos les parece que no puede mercadearse como un caso que justifique la prórroga de la Comisión. Pero, por más de 20 años, nadie en Guatemala había hecho nada al respecto.

¿Entonces? ¿De qué capacidad hablamos? De la capacidad para voltear la cara y hacer pisto. Porque en ciertos países, la vergüenza pasa y el dinero queda.

Los objetos hacia los cuales dirigir este nuevo esfuerzo no son pocos, pero siguen siendo los mismos: 1) financiamiento de campañas políticas, 2) colusión del sistema bancario con los agentes paralelos que lavan capitales, 3) colusión de actores empresariales que se prestan como testaferros, y 4), redes de actores paralelos enquistados en dependencias de nivel ministerial, cárceles, etc. Es decir, un mecanismo transnacional para combatir el fenómeno de la narcopolítica.

Institucionalizar la democracia, eliminar los vicios de personalismo dentro del sistema, empoderar las agencias de fiscalización, desistir de los cambios radicales de cúpula en las estructura de seguridad e intentar no influir en los procesos del poder Judicial son síntomas reales de una administración política que se encuentra comprometida de facto con la transparencia. Y de lo anterior, no hay una sola articulación política en los países del Triángulo Norte que parezca comprender la agenda. Pero la culpa, claro, es de cooperación internacional y sus agendas.

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